La Artritis Reumatoide y la Legislación Venezolana.

Según estudios del Ministerio del Poder Popular para la Salud, sobre artritis reumatoide, se ha determinado que la incapacidad para laborar aparece de 5 a 10 años después del inicio de la enfermedad y oscila entre el 43 y 50 por ciento en diferentes países.

La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica autoinmune. Se activa cuando el sistema inmunológico del paciente no funciona correctamente y en lugar de atacar el virus que entran al cuerpo, ataca al propio cuerpo del paciente. Afecta principalmente los cartílagos, huesos, tendones y ligamentos de las articulaciones.

Síntomas

» Inflamación de las articulaciones.» Reducción en el rango de movimiento.» Dolor en las articulaciones afectadas como muñecas, codos, rodillas, tobillos, hombros y las articulaciones de los dedos.» Rigidez corporal matutina que dura más de 1 hora.» Resequedad en boca y ojos.

Según el doctor Vinicio Caballero, reumatólogo, y presidente de la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología – PANLAR, «la artritis reumatoide no solo produce impactos físicos, los pacientes también sufren de depresión en un 58 por ciento».

Igualmente, los impactos económicos son muy altos, pues a consecuencia de no poder trabajar, los pacientes tienen una reducción de ingresos personales y familiares, y aumentan los gastos en cuidados de la salud ya que tienen que invertir 3 veces más en cuidados médicos, 2 veces más en hospitalizaciones y 4 veces más consultas médicas. Por tanto, del costo total del tratamiento, el 86 por ciento se deriva del costo por medicamentos, el 10 por ciento, de laboratorios y sólo el 4 por ciento se origina en la atención médica.

De acuerdo con el estudio ‘Epidemiología genética de la artritis reumatoide: ¿qué esperar en América Latina?’, la enfermedad es mucho más frecuente en mujeres que en los hombres en una relación casi 3:1, y su prevalencia en la población latinoamericana es cercana al 0,5 por ciento.

La artritis reumatoide al ser una enfermedad autoinmune afecta típicamente a las pequeñas articulaciones de las manos y los pies. A diferencia de los daños desgaste y desgarre de la osteoartritis, la artritis reumatoide afecta el revestimiento de las articulaciones, causando una inflamación dolorosa que eventualmente puede resultar en la erosión ósea y deformidad de las articulaciones.

Aunque, los datos de discapacidad laboral varían considerablemente dependiendo de la población estudiada, la mayoría de los estudios estiman que entre el 25 y 50% de pacientes debe dejar de trabajar por su enfermedad. En la página web del Instituto Venezolano para los Seguros Sociales (IVSS), la Fibromialgia no aparece como una enfermedad reconocida, aun cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como tal para todas las entidades médicas internacionales desde el año 1992, y tiene asignado el código M79.7 de la clasificación de patologías, que la destaca como una enfermedad de reumatismo articular.

En Venezuela, por principio general, se reconoce la incapacidad temporal con una duración máxima de doce meses, prorrogables, cuando se presuma que durante ellos el trabajador puede ser dado de alta médica por curación, situación que normalmente no se da en estos pacientes. Cuando se agota este plazo, el IVSS, a través de las juntas medicas, puede reconocer la situación de prórroga con un límite de o bien, iniciar un expediente de incapacidad permanente. En el caso de que la valoración sea aceptada, el proceso termina y el paciente obtiene la incapacidad, pero si es rechazada, puede interponer una reclamación contra el dictamen del equipo de valoración de incapacidades ante el propio IVSS o ante el sistema judicial. Si es desestimada por el IVSS, el paciente puede presentar una demanda ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y, en su caso, recurrir ante el correspondiente Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El hecho de que se trate de una enfermedad caracterizada por ausencia de pruebas que indiquen de manera objetiva la severidad puede influir en que los jueces valoren la ausencia de este criterio diagnóstico y la falta de técnica legal apropiada pueden ser considerados como un elemento negativo para conceder la incapacidad.

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