El “derecho al olvido”, la posibilidad de borrar del entorno digital datos personales o información que vinculada a la imagen propia, arroja pocas certezas en el país, al igual que en el resto de Latinoamérica. ¿Qué pasaría si cada individuo podría elegir modificar sus huellas en la web? El derecho al olvido es un tema muy debatido porque la comunidad global no ha llegado a acuerdos profundos.
Hay un contraste muy concreto: ¿Debemos darle el derecho a las personas de manejar su reputación digital o eso también puede desembocar en que se eliminen cosas que uno realmente hizo y debería hacerse cargo? ¿Cuánto atenta esto contra la libertad de expresión en internet? ¿Vulnera derechos de otras personas?
Como sucedió en tantos otros ámbitos, la pandemia aceleró la discusión sobre la identidad virtual, demostrando el verdadero impacto de la cuarentena en la hiperconectividad y la gestión de los contenidos volcados en la red.
Esta nueva realidad demostró dos grandes realidades: En primer lugar la desigualdad porque uno sin conectividad queda afuera del mundo y más en este contexto. Y después exhibió la evolución tecnológica per se con todos sus matices. Tenemos que reescribir sus límites, que se desdibujaron.
Por eso debemos visibilizar la existencia de la reputación digital y trabajar esos valores que el mundo nos exige, como la empatía, la escucha activa, ser flexibles. Esto afecta desde grandes compañías a individuos.
Estamos madurando como sociedad para ser mucho más cuidadosos de la reputación online y que se asemeje a lo que nosotros queremos. Más allá de que es una época de hipersensibilidad, que las redes potenciaron la polarización y parece que debemos tomar partido en todo, tenemos que trabajar la dinámica de la convivencia digital y encontrar un equilibrio y un uso más sano de la tecnología, haciendo olvidar lo que en la red está y que nada aporta a la sociedad.
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