El intento de amaño de partidos denunciado por el Trujillanos F.C ha sido el centro de atención de la política deportiva en los últimos días. Los escándalos de las apuestas, los deportistas en el banquillo de los acusados, las investigaciones que deben abrirse sobre la manipulación de los resultados deportivos, pero también la determinación de las organizaciones de apuestas y deportivas de luchar contra este cáncer han salpicado los titulares en las últimas horas. Los episodios de amaño de partidos pueden afectar tanto a los deportes profesionales como a los aficionados y suelen mostrar una dimensión transnacional, en particular en lo que respecta a los casos motivados por las apuestas. De hecho, las apuestas en línea han contribuido a la difusión de esta actividad delictiva.
El panorama jurídico no es uniforme; mientras que algunos países se centran en los delitos generales de corrupción o fraude, otros han implementado delitos deportivos específicos para hacer frente al amaño de partidos -contenidos en sus códigos penales (Bulgaria, España), leyes deportivas (Chipre, Polonia, Grecia) o leyes penales especiales (Italia, Malta, Portugal). En el Reino Unido, los episodios de amaño de partidos relacionados con las apuestas pueden ser castigados bajo el delito de engaño en el juego. La jurisprudencia es escasa.
Las disposiciones aplicables en el mundo difieren en gran medida en lo que respecta al acto que se debe penalizar, así como al alcance, los elementos objetivos y subjetivos de los delitos o las sanciones correspondientes. Muestran deficiencias que podrían dificultar su aplicación a los principales episodios de amaño de partidos. En relación con el delito de corrupción, las condiciones subjetivas relativas al alcance del delito no siempre son adecuadas para los casos de amaño de partidos. En muchos países, exigen que la persona sobornada tenga la condición de directivo o empleado, condición que no se da en todos los casos de amaño de partidos, en particular en lo que se refiere a los casos motivados por las apuestas en los que el amaño de partidos también afecta a deportes no profesionales.
También se debate la idoneidad del delito de fraude para este fin. Mientras que en algunos países las incertidumbres relativas a su aplicación a la manipulación de eventos deportivos llevaron a la adopción de un delito deportivo específico, en otros (el paradigma es Alemania) los jueces no parecen tener grandes problemas para aplicar el fraude a los eventos de amaño de partidos. Sin embargo, tal y como argumenta la doctrina de los distintos países, puede resultar extremadamente difícil probar todos los elementos de un delito de fraude. Por otro lado, los delitos deportivos específicos contienen ciertos elementos que son especialmente adecuados para tratar los casos de amaño de partidos, entre los que se incluyen un ámbito de aplicación más claro y completo en relación con los intereses legalmente protegidos -el juego limpio en las competiciones deportivas-; penas más elevadas para los casos relacionados con las apuestas; la obligación de denunciar; medidas para exonerar de responsabilidad penal a quienes informen a la policía, y disposiciones sobre «información privilegiada. Sin embargo, en algunos casos las sanciones parecen ser demasiado bajas o las disposiciones parecen no ser del todo adecuadas para hacer frente a determinados episodios de amaño de partidos.
En efecto, existen importantes discrepancias en relación con la eficacia de los delitos generales (es decir, la corrupción o el fraude) frente a los delitos deportivos específicos. Aunque un delito deportivo pueda parecer a primera vista más apropiado, no se puede concluir de los datos disponibles que conduzca a más decisiones judiciales o a menos casos sospechosos. Parece que la voluntad de las partes implicadas, desde la policía hasta el movimiento deportivo, tiene un impacto mucho mayor en la lucha eficaz contra este fenómeno delictivo. De hecho, hay consenso en que la voluntad política y la fuerte implicación de las partes interesadas, junto con las medidas educativas y preventivas y por supuesto con el correcto cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos, son los factores claves para que esta lucha tenga más éxito.
No cabe duda de que se han logrado algunos avances en los últimos años. Sin embargo, la lucha contra el amaño de partidos aún no se ha convertido en una prioridad a nivel mundial. Al mismo tiempo, en teoría, un delito ad hoc dirigido al fraude deportivo podría resolver mejor las incertidumbres que plantea la legislación vigente y facilitar la persecución en general. En este sentido, no se puede obviar la opinión de los fiscales. Un delito específico, comentan a menudo, podría facilitar su trabajo y fomentaría las investigaciones.
La mayoría de las partes interesadas coinciden en el hecho de que los principales obstáculos para perseguir los casos de amaño de partidos son de índole operativa más que jurídica: las dificultades para obtener pruebas suficientes para presentar cargos penales, la falta de conocimientos técnicos, el bajo nivel de concienciación o la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos mencionados para emprender procedimientos judiciales.
En nuestro caso el atrevido que buscó ofrecer dinero a la joven plantilla del Trujillanos F.C supo atacar, sabe que es un equipo que está atravesando grandes dificultades económicas, sabe que su dirigencia se ha caracterizado por burlarse de su personal, sabe que el año pasado quedaron debiendo siete meses de salario y este año no han hecho nada por solucionar, pero más aún, conocía muy bien el entorno porque le debe constar que en la temporada actual tampoco el asunto ha mejorado ya que al día de hoy no han cobrado nada de lo acordado y causado hasta el momento, sabe que esos jugadores tienen familia, hambre y necesidades y que la directiva está abusando de su posición de dominio y una actividad profesional que debe ser remunerada casi que la están convirtiendo en una forma de esclavitud moderna.
Si la directiva del Trujillanos F.C, quiere rescatar algo para ser recordados en la historia, deben luchar frontalmente contra esa amenaza, empezando por pagar sus deudas y a sus jugadores de forma oportuna para que se cree el correcto vínculo laboral entre trabajadores y empleadores para que se genere respeto y lealtad y así nadie pueda llegar a ofrecer lo que por ley está obligado a pagar, debe reconocer con hidalguía sus compromisos y al mismo tiempo debe denunciar públicamente ante la Federación Venezolana de futbol, la Liga y la Fiscalía del Ministerio Público al “ser” que se le ocurrió realizar tan mal intencionado ofrecimiento para que sea sancionado como la legislación lo establece, ya que de no hacerlo estaría incurriendo en un delito tan grave como el de el que ofreció el dinero.
Si no se informa sobre un enfoque de arreglo de partidos, se corre el riesgo de una prohibición del fútbol por varios años. Esa omisión, podría poner en serio peligro la carrera profesional de cualquiera, incluso si no participó.
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